La odisea de construir las 700.000 viviendas que faltan en España: ni ley fiable ni mano de obra ni financiación bancaria

Escrivá y las constructoras coinciden en el diagnóstico del atasco desolador de un grave problema del país. La parálisis del Gobierno y la polarización, factores clave.

Cómo estarán siendo los contactos por separado de los responsables de las constructoras con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, con el de Economía, Carlos Cuerpo, o con la de Trabajo, Yolanda Díaz, que la patronal que las agrupa, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) reclama "sin demora la creación de un órgano que coordine a todos los ministerios relacionados con la vivienda". La descoordinación es evidente y hay ministros que desconocen lo que hacen los otros. "En un Ministerio nos piden que si les podemos pasar papeles de otro y también lo contrario, que ocultemos lo que tratamos a otros ministros. Y unos y otros nos ofrecen ayudas distintas...", explican en el sector.

Éste es uno de los problemas en la odisea de relanzar la construcción de viviendas en España, algo fundamental, porque, según el gobernador del Banco de España y exministro del actual Gobierno, se eleva ya a 700.000 casas las que faltan en el país para resolver el problema. El propio gobernador señaló el pasado día 22 en el Consejo General de Economistas entre los factores el de "la incertidumbre regulatoria y falta de inversión". La primera es clara, con los ministros descoordinados y sin seguridad jurídica que favorezca invertir. Isabel Rodríguez ha lanzado un Plan estatal de Vivienda de apreciable dotación -7.000 millones- pero sin cocinarlo con el consenso necesario con las comunidades ni acompañarlo de una reforma legislativa que incentive la inversión. Un ejemplo de que faltan proyectos es que hubo que esperar al pasado 25 de mayo hasta que por fin un banco anunció que hacía uso de la poderosa línea del Instituto de Crédito Oficial para financiar una promoción de viviendas de alquiler social o asequible. Fue el Banco Santander con 120 viviendas en Vitoria. Son obras con cuentagotas por el riesgo que supone para la banca financiar estos proyectos a largo plazo cuando las propias promotoras no saben si terminarán siendo rentables por la incertidumbre regulatoria.

Para Carolina Roca, presidenta de Asprima, la asociación de promotores de Madrid, "es necesaria la modificación urgente del artículo 55 de la Ley del Suelo para acabar con la anulabilidad de los desarrollos urbanísticos y reducir su judicialización". El temor a que se termine cancelando una promoción tras una larga batalla judicial retrae la inversión en múltiples municipios. "O lo hacen entidades públicas o es muy difícil encontrar financiación bancaria para el incierto negocio de desarrollar suelo", admiten altos cargos tanto de la Administración central como municipal de uno y otro partido.

Tanto el PSOE como el PP están, en realidad, de acuerdo en reformar ese artículo clave de la ley y dar certidumbre a la inversión, pero la polarización actual ha impedido su aprobación y se dilata sine die el problema. Mientras, hay gran coincidencia de diagnóstico de Escrivá con la patronal de la construcción no sólo en la mencionada inseguridad jurídica y la "escasez de suelo finalista", sino también en un tercer problema: "La falta de mano de obra", aunque parezca increíble en el país con más paro de la UE. El presidente de la mencionada CNC, Pedro Fernández Alén, cifra en 700.000 trabajadores los que faltan al sector para la construcción de viviendas. Ve una solución posible: dar formación a inmigrantes irregulares, de modo que todos ganan. Ellos, porque consiguen los ansiados papeles y las empresas constructoras, porque completan así la mano de obra necesaria que declaran no encontrar en el mercado laboral ni pagando más salarios. La CNC sostiene que la Fundación Laboral de la Construcción puede formar a miles de personas, pero faltan respuestas en un Gobierno paralizado.

Isabel Rodríguez alega que, con todo, está aumentando la construcción de vivienda en España y que ya se habrían entregado 100.000 -eso dice- de las prometidas en campaña hace dos años por Pedro Sánchez, pero la carencia sigue siendo extrema y las constructoras se quejan de que el Gobierno ofrece por un lado un plan de inversión y, por otro, medidas que impiden acometerlo como el registro horario de Yolanda Díaz. "La cruzada contra las horas extras sólo empeoraría la ya de por sí injusta limitación y las rigideces que ya existen en España, donde el techo está en las 80 horas anuales frente a una de 450 horas en la UE", afirma la CNC. El intento de impedir que se hagan horas extras aunque se paguen, "hundiría hasta un 27% el salario de los trabajadores", añade. De seguir así, quedan muchas legislaturas para ver las soñadas 700.000 viviendas.